71 Casos de Buenas Prácticas en la Contratación Pública Socialmente Responsable - Fondos Europeos
DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS Y SECTOR PÚBLICO
La Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público tiene competencias en materia de coordinación de financiación europea, control y coordinación de ayudas europeas en la Generalitat, promoción del desarrollo regional en el marco de políticas regionales de la Unión Europea, fondos europeos, así como su verificación y control, y conocimiento, seguimiento y control de la participación de la Generalitat y su Sector Público Instrumental en proyectos europeos.
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71 Casos de Buenas Prácticas en la Contratación Pública Socialmente Responsable
La Contratación Pública Socialmente Responsable (SRRP), cuyo objetivo es abordar el impacto en la sociedad de la aquisición de bienes, servicios y obras por parte del Sector Público, ha publicado un documento con 71 casos de Buenas Prácticas. Esta selección fue desarrollada entre septiembre de 2019 y marzo 2020. El trabajo se basa en actividades relacionadas con la contratación pública social a nivel europeo, nacional y local.
Este trabajo recoge 71 casos de 27 países, correspondientes a 22 Estados miembros y 5 países no pertenecientes a la Unión Europea. Como la aplicación de la contratación pública social varía según el Estado miembro, los casos se categorizan por niveles de implementación. Abordan amplio abanico de productos y servicios, además de abarcar todos los aspectos y fases de la contratación pública (incluida la preparación y fases posteriores a la licitación) y una extensa gama de licitadores públicos, desde gobiernos locales hasta centrales, además de hospitales. Los sectores cubiertos por esta colección incluyen: servicios de limpieza, construcción, comida y servicios de cátering, mueble, servicios de jardinería, cuidado de la salud, tecnología de la información y la comunicación, servicios sociales , textiles, transporte, movilidad y residuos.
Este estudio permite observar hasta qué punto los diferentes mecanismos permitidos bajo las directivas europeas de contratación se están aplicando en la práctica y la gama de oportunidades disponibles para las administraciones públicas licitadoras de utilizar sus compras estratégicamente a fin de prestar resultados sociales reales y mejorar así la calidad de vida en Europa y más allá.